Introducción:
Los medios durante el Radicalismo
Si bien la UCR fue el único partido que
en su plataforma electoral incluía propuestas para la reorganización del
sistema de radiodifusión, una vez en el gobierno no llevó adelante una
planificación explícita.
Durante su mandato no llegó a sancionarse una nueva ley de radiodifusión, ni se
produjeron cambios en la 22.285/80 vigente.
Al asumir el gobierno democrático se intervino el COMFER dado que su
composición dispuesta por la ley de facto, no era democrática; se revisaron las
concesiones hechas por el gobierno militar y se dictó el decreto 1151/84 por el
cual se suspendió el PLANARA y el llamado a concurso hasta la sanción de una
nueva norma legal.
En cuanto a las emisoras administradas por el Estado, el gobierno radical no
demostró apuro en privatizarlas.
Tampoco torció la forma de administración de los mismos: se cambió a los
interventores de los canales de televisión de cabecera, pero la lógica del
rating y el competir por la audiencia se mantuvo intacta.
ATC como emisora genuinamente estatal dependió en primera instancia de la Secretaría de Cultura
de la Nación ,
luego de la SIP y
una vez disuelta ésta en 1987 pasó nuevamente a la órbita de la Secretaría de Cultura y
Medios de Comunicación, dependientes de la Presidencia de la Nación , siempre con
balances deficitarios en su gestión.
Las ondas del canal 9 de Capital y del canal 2 de La Plata fueron otorgadas por
el general Bignone (presidente de facto) unas horas antes de las elecciones
generales del 30 de octubre de 1983
a Alejandro Romay y a la Radiodifusora del
Carmen S.A. respectivamente.
Romay no aceptó la indemnización que el Estado debía pagarle por la
expropiación de su productora y recurrió ante la justicia para recuperar su
canal.
Así es como durante la presidencia del Dr. Alfonsín el único canal capitalino
en manos privadas fue el 9.
El traspaso al sector privado del canal 2 demoró más en concretarse, por las
presentaciones ante la justicia que realizó Kraiselburd, dueño del diario
Popular y de El Día de La Plata ,
al sentirse perjudicado por las restricciones de la ley 22.285 que como dueño
del medio gráfico le impedía acceder a licencias de radiodifusión.
Finalmente su presentación fue desechada pero para esa resolución judicial hubo
que esperar hasta 1987, mientras el canal 2 estuvo bajo la órbita del
Ministerio de Economía.
Quizás los más rico de la etapa radical en cuanto al debate sobre la
radiodifusión haya pasado por la formulación de diversos proyectos
legislativos, tanto desde diferentes actores dentro del gobierno nacional, como
desde varios partidos políticos y organizaciones sectoriales.
Sin embargo la concertación de estas iniciativas no logró superar el trámite
legislativo ni las sordas oposiciones a una política pluralista y
descentralizadora para el espectro radioeléctrico.
Debido a la imposibilidad de obtener licencias por concurso (a partir de la
suspensión del plan de adjudicaciones) se registró un crecimiento importante de
la radiodifusión por cable y la explotación de la banda de F.M. a partir de
emisiones al margen de la ley.
Al momento de concluir su mandato el primer gobierno constitucional (1989) la
organización del sistema de medios en el plano formal permanecía sin
modificaciones con respecto a su antecesor, con la vigencia de la ley
22.285/80.
Primeros
pasos del nuevo gobierno.
La asunción del
Presidente Menem y sus colaboradores nombrados en el sector de medios llevó a
redefiniciones y reposiciones frente a diversas cuestiones.
Los puestos de decisión en materia de radiodifusión fueron ocupados a partir de
julio de 1989 por personalidades de diversa procedencia dentro del seno del
Justicialismo.
Fueron nombrados:
· Jorge Rachid en la
Secretaría de Prensa y Difusión.
· León Guinsburg interventor del COMFER.
· Martín Oyuela en la
Subsecretaría de Cultura Nacional.
· Luis Durán a cargo del Prondec.
· Horacio Frega en radio Belgrano.
· Miguel De Renzis en radio Excélsior.
· Julio Maharbiz en radio Nacional.
· Mario Gavilán en ATC.
· Abel Maloney en canal 13.
Las cuestiones que más peso tuvieron durante el primer año de gobierno
Justicialista estaban ligadas al futuro de las emisoras comerciales
administradas por el Estado.
1º Se establecieron investigaciones y auditorías internas en cada una de
las emisoras.
2º Se produjeron cambios en la programación de las emisoras, lo que llevó
a que se denunciara la elaboración de “listas negras” o “persecución
ideológica” a partir de un manejo autoritario por parte de los nuevos
directivos.
Pero la cuestión de fondo estuvo en la decisión de privatizar todos los medios
de comunicación comerciales en manos estatales y en cómo ésta se llevó a cabo.
A fines de julio de 1989, desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos
(Dromi) se anunció el cierre inmediato de las emisoras en manos del Estado por
ser empresas deficitarias que no proveían servicios públicos esenciales.
Esta medida regiría hasta el momento de la privatización de dichos medios.
Ante esta postura extrema, se desarrolló un movimiento para mantener en el aire
a las emisoras encabezado por los trabajadores nucleados en la COSITMeCOS y apoyado
por diversos sectores de la sociedad.
La COSITMeCOS se vio obligada a firmar con el Presidente Menem y el Secretario
Rachid, un acta por la cual se creaba una coadministración de estos medios
entre el gobierno y los trabajadores hasta su privatización y se
garantizaba la participación de los trabajadores en la discusión y elaboración
de los pliegos para los concursos públicos. Pero las privatizaciones de los
medios eran un “hecho consumado” que ya en ese momento no se podía discutir.
Los lamentos de varios sectores involucrados en el tema se dirigían a que este
proceso se hacía sin una nueva ley de radiodifusión.
En un artículo del Proyecto “Dromi” se aludía a la privatización de canal 11,
13 radios Belgrano y Excélsior y varias del interior, que hasta ese momento,
administradas por lógica comercial, presentaban balances deficitarios
explotadas por el Estado.
La ley fue aprobada (23.696) y permitió la consolidación legal de conglomerados
multimedia nacionales.
El proyecto aprobado mantuvo la prohibición de entrada del capital extranjero a
la propiedad de los medios de radiodifusión.
Actualmente mientras la ley Dromi tiene ya cuatro años de vigencia, aún se
espera el debate sobre la radiodifusión argentina.
Las
adjudicaciones.
LS84 canal 11 a
Televisión Federal S.A. integrada por:
C. Vigil
Soldati
Zanón
A. Porto
Televisora Provinciales S.A
Enfisur S.A.
LS85 canal 13 a Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. integrada por:
Noble
Magnetto
Arte gráfica Editorial Argentina S.A.
Invara S.A.
LR3 radio Belgrano se otorgó al grupo Romay (Libertad).
LR5 radio Excélsior a Red Celeste y Blanca S.A. integrada por:
Radio Federal
La Red
Por otro lado los medios en manos del Estado Nacional no pudieron ofrecer
otros perfiles ni ser alternativa para el público.
Por ejemplo, la gestión de Julio Maharbiz en radio Nacional con perfil
folclórico - informativo - oficialista.
ATC con Sofovich y el slogan “Ahora también competimos” para aumentar la
audiencia con tendencia comercialista.
A través del decreto 1656/92 el Ejecutivo modificó la ley 22.285 para aumentar
los recursos para financiar las erogaciones del SOR a los que autorizó a
contratar publicidad en forma directa.
La Iglesia Católica se vio beneficiada por una avalancha de autorizaciones del
Ejecutivo para instalar casi cien emisoras en distintos puntos del país.
Por lo tanto el concepto mediático y ,político de Menem consistió en aplicar un
modelo de reducción del gasto público que en la radiodifusión se tradujo en la
privatización de diferentes canales y radios y la racionalización de las emisoras
pertenecientes al SOR (Radio Nacional y ATC).
Si bien en la Comisión
de Comunicaciones de la Cámara
de Diputados (presidida por el justicialista Paz) existía una voluntad política
para mantener en agenda el tema de la radiodifusión, parecía que para el
Gobierno Nacional era mejor mantener el statu - quo, lo que demuestra también
la debilidad del Parlamento frente a la regulación de la radiodifusión.
En este marco, la participación, la descentralización, el pluralismo y el
derecho a la información son conceptos recreados ocasionalmente desde miradas
parciales.
En conclusión, se mantenía un organismo de aplicación centralizado y
fuertemente dependiente.
El proceso de desregulación, privatización y desmonopolización del sector de
las telecomunicaciones permitió un incremento notable de la oferta de servicios
y particularmente en lo referido a las transmisiones satelitales.
Frente al avance tecnológico de los 80 y a las tendencias desmonopolizadoras a
nivel internacional, el gobierno argentino se fue despojando paulatinamente de
su tradicional rol de prestador monopólico de servicios para ser regulador
(control de las prestaciones privadas y a la fijación de políticas para los
servicios básicos de telecomunicaciones.
Así en 1987, subió su señal al satélite de Intelsat la primera estación privada
que distribuyó programación a las estaciones de cable de todo el país.
El paso de ENTel a manos privadas se concretó en noviembre del ‘90, a cargo de
dos consorcios que operan como Telefónica de Argentina y Telecom.
En 1989 se disolvió la
Secretaría de Comunicaciones y a mediados del 90 se creó la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones como nuevo ente regulador que se encuentra abocado a
regularizar el espectro radioeléctrico y maximizar las posibilidades de
iniciativa privada para explotar servicios de telecomunicación de valor añadido
(Telefonía celular móvil; transmisión de datos).
Poco ha aportado la CNT
en su rol de regulador técnico del espectro de radiodifusión.
El satélite argentino: el 4 de febrero de 1993 por medio del decreto 153 se
adjudicó el concurso público nacional e internacional a la unión transitoria de
empresas Nahuelsat S.A. más dos satélites canadienses (Anik I y Anik II) hasta
la puesta en marcha en 1996 del sistema satelital argentino con el satélite
Nahuel que prestará servicios a Argentina, Chile y el Mercosur.
En la próxima década se espera un acentuado incremento en la oferta de
servicios de video debido a los avances tecnológicos que llevaron a una
reducción de los costos a cualquier proyecto satelital.
Argentina es el país latinoamericano líder en la radiodifusión por cable
(siguiendo el paradigma norteamericano de la radiodifusión) por su cantidad de
emisoras y de abonados.
Antes de su aparición como servicio, en diversas localidades del interior do se
podían captar señales de televisión por antenas convencionales.
Por ello fue legislado en 1980 como “circuito cerrado comunitario de
televisión”.
A diferencia de la radiodifusión por aire, en el caso del desarrollo de la
televisión por cable, el Estado no tuvo participación alguna como prestador del
servicio.
Si bien el cable permite un acceso muy expandido a canales nacionales e
internacionales, esta forma de radiodifusión, al no ser gratuita, acrecienta
brechas en la posibilidad de acceso a los medios de comunicación.
En Buenos Aires y sus alrededores, los canales de aire permanecen firmes en su
liderazgo de audiencia.
El total de abonados al sistema de cable en todo el país asciende a
aproximadamente a tres millones. El número de canales de cale es de
aproximadamente 1200.
En la actualidad, para mantener su liderazgo histórico en las pantallas del
interior del país y ser exportadores de programación, los canales de televisión
abierta de cabecera intentan ajustar su programación para un público masivo e
internacional y lanzan sus propios canales de noticias vía satélite (canal 13,
América 2, Telefé). También las radios y canales de cablevisión ( VCC,
Cablevisión, América, Mitre, Continental, etc. y sus FMs) subieron sus señales
al satélite.
La Asociación Argentina de Circuitos Cerrados Comunitarios de Televisión (ACT)
unida a la Cámara
Argentina de Televisión por cable (CATC) formaron la Asociación Argentina
de Televisión por Cable (AATC).
Según Margarita Graziano el futuro próximo de la televisión por cable se
encamina al abaratamiento de los costos del abono, así como a la apertura hacia
una producción propia distinta de los canales de aire o de carácter más
localista en el interior del país.
Radiodifusión
al margen de la ley: Radios truchas y Televisoras de baja potencia.
Al asumir el gobierno
radical una de las primeras medidas en radiodifusión fue la sanción del Decreto
1151 en abril de 1984 que suspendía el llamado a concurso para otorgar nuevas
licencias hasta la sanción de una nueva ley que nunca llegó a
sancionarse; y fue justamente durante el gobierno de Alfonsín que comenzó le
boom de la instalación de radios en FM.
El fenómeno de las radios comunitarias en Argentina comenzó hacia el 80, pero
su gran explosión se produjo durante el gobierno alfonsinista.
Sus causas principales fueron:
· Bajos costos de los equipos de transmisión.
· Necesidades de expresión insatisfechas de diferentes grupos sociales.
· Necesidad de abrir nuevos espacios comerciales para la radiodifusión.
Pese a que la operación de estas estaciones era ilegal.
A fines de 1988 se hablaba de mil emisoras sin autorización.
La Secom y el COMFER identificaban a algunas radios y en ocasiones decomisaban
los equipos de transmisión, pero la gran mayoría de las FM continuaron por la
indecisión del poder político.
Es preciso señalar que si bien no surgieron desde una crítica social profunda
como ocurrió en los países europeos hacia mediados de los ‘70, las radios de
baja potencia en algunos casos se hicieron eco de las problemáticas barriales y
reflejaron la cotidianeidad de su oyentes.
Durante estos años comenzaron a emitir algunas radios en AM y canales de
televisión abierta de baja potencia fuera del marco legal.
A los pocos meses, el Gobierno Nacional sacó el decreto 1357/89 que establecía
un registro de emisoras en FM en “situación irregular” a las que se les
otorgaba un PPP (Permiso Precario Provisorio). se dispuso que el COMFER
llamaría a concurso para adjudicar licencias en FM. Es decir que se establecía
un período de “transición” en el cual las emisoras “fichadas “ deberían pagar
sus gravámenes.
Ante la decisión del Ejecutivo de llamar a concurso bajo las condiciones
limitantes de la ley 22.285, los radiodifusores de FM reaccionaron con temor y
la mayoría se registró en el COMFER.
Se preveían sucesivas etapas para los concursos, que completarían las 1221
licencias para todo el país discriminadas por emisoras de alta, media, baja y
muy baja potencia.
La división del espectro de FM propuesta por el Ejecutivo dejaba afuera al
menos a un millar de radios en funcionamiento, debido a que el número de
frecuencias a concursar era muy inferior al de las emisoras en el aire. La Cámara de Diputados expresó
su disconformidad a ésto. Hasta mediados del año 93 la situación de las FMs
continuaba siendo confusa.
Mientras el COMFER reabrió el registro establecido por el decreto 1357/89 para
actualizar datos, las mediciones de audiencias indican la creciente aceptación
de emisoras no legales..
Evolución
de las formas de propiedad en la radiodifusión argentina entre 1989 y 1993.
Según el artículo 8º de
la ley 22.285 de radiodifusión los servicios serían prestados por:
a) Personas físicas o jurídicas titulares de licencias de radiodifusión.
b) El Estado Nacional, con los cual se establece un SISTEMA MIXTO en el cual el
sector estatal ocupa un rol subsidiario respecto de las radiodifusoras privadas
.
idea
explícita
En la ley 22.285 se establecieron dos formas de adjudicación de licencias:
a) para las estaciones de radio AM y TV abierta mediante un CONCURSO
PÚBLICO.
b) para los servicios complementarios (radio FM, circuitos cerrados de TV
o radio, etc.) mediante ADJUDICACIÓN DIRECTA.
En los artículos 43 a
46 de la ley 22.285/80 se establecen los requisitos a ser cumplidos por los
titulares de una licencia.
Éstos por ley deben ser:
Personas físicas o sociedades comerciales, de nacionalidad argentina con
calidad moral e idoneidad cultural y con capacidad primordial acorde con la
inversión a efectuar.
A las sociedades comerciales se les exige no ser filiales ni ser controladas
por personas físicas o jurídicas extranjeras.
Existe un límite máximo de cuatro licencias que podrán ser adjudicadas a un
mismo radiodifusor y limitaciones a la
concentración de medios en una misma localidad.
Pero varios puntos de la ley 22.285 que imposibilitan la constitución legal de
conglomerados en forma multimedia y con característica de propiedad extendida
fueron modificados en 1989 por la ley 23.696 de reforma del Estado:
· Se eliminó la restricción del artículo 45 inc. e) que establecía que no podía
presentarse a concurso de una nueva licencia un propietario o socio de
diferentes sociedades de radiodifusión.
· Se eliminó la restricción del artículo 45 inc. e) que impedía la presentación
al concurso de una persona física o jurídica vinculada a empresas periodísticas
o medios gráficos. Y además por el artículo 46 inc. a) y c) se permite que el
licenciatario realice otras actividades y se permite la constitución de una
sociedad integrada por otras sociedades.
Principales
cambios en la estructura de la propiedad de los medios de radiodifusión desde
1989.
Subsector público:
Solamente quedan en manos del Estado, ATC y las emisoras dependientes de Radio
Nacional, a las que se le suman las radios públicas provinciales, municipales
,y universitarias.
ATC fue convertida en Sociedad Anónima adoptando un modelo de organización
interna privada.
La Iglesia como ente de radiodifusión cobra gran importancia; el Gobierno
Nacional le adjudicó alrededor de cien frecuencias de AM y FM.
Subsector privado:
Las adjudicaciones de los canales 11 y 13 de Capital Federal promovieron la
conformación de un nuevo grupo multimedia (el grupo Telefé que en el ‘92
compraría Radio Continental + Editorial Atlántida a través de Telefé) y Clarín,
el más importante del país en Canal 13 . Otro grupo lo constituye La Nación con Radio del Plata.
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